Sin contrato quedarían más de 500 trabajadores del hospital de Santa Marta


Más de 500 contratistas del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, ubicado en Santa Marta, están bajo incertidumbre por una decisión que sería tomada próximamente por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, sobre no renovarles los contratos y dejarlos desempleados en medio de la crisis económica que afronta la región por la cuarentena provocada por el COVID-19. Según los contratistas del centro asistencial, el Gobernador del Magdalena tendría una lista con “orden para finalizar los contratos a más de 500 personas vinculadas por prestación de servicios en la parte administrativa de esta institución de salud en la que sin ninguna fórmula de juicio debe ser autorizada por la Junta Directiva del Hospital presidida por el mandatario departamental”. Esto lo exponen en un comunicado que enviaron a la opinión pública anticipándose a los hechos y pidiéndole al gobernador Carlos Caicedo que reconsidere esa decisión porque dejaría a muchas familias sin sustento. “Esto nos obliga a pensar sobre lo que presume en sus discursos el sr. Gobernador cuando dice que siempre ha sido un funcionario de honesta y justa conducta. ¿será posible que ahora actúe con tal injusticia, sin por lo menos conocer los indicadores de cumplimiento de la labor ejercida por cada uno de los contratistas de la parte administrativa del HUJMB, que son comprometidos desde su vinculación con el servicio esencial de la salud?”, señalan en el comunicado. En el documento también aseguran que tal decisión sería una acción “discriminatoria y evidentemente inquisidora como cuando se quemaban vivos los inocentes por una orden de Torquemada, por no pertenecer al partido político Fuerza Ciudadana, que dirige el señor gobernador. Sería entonces sumamente reprochable e inconsecuente, ya que sería un error de apreciación de la nueva administración que estaría en contravía de las directrices del Gobierno Nacional” Finalmente, los contratistas del Julio Méndez Barreneche esperan que la decisión no sea tomada por el gobernador Carlos Caicedo y no estén enfrentándose a una masacre laboral.

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