En plena pandemia, médicos denuncian rechazo y maltrato


“Si usted es médica, no le puedo arrendar el apartamento porque puede traer el virus al edificio”. Esta fue la respuesta que recibió Juana Caicedo de parte del propietario de un apartaestudio al que ella pensaba trasladarse en razón a que trabaja en el área de urgencias de una clínica en Bogotá para proteger a sus padres de edad avanzada. La médica cuenta con frustración que el arrendador incluso le había dado el aval antes de que ella le revelara el motivo de su traslado, “pero me discriminó por el solo hecho de mi profesión, algo que me dejó muy decepcionada”.


No es la única manifestación de rechazo hacia los profesionales de la salud que ha conocido este diario. Estela, enfermera auxiliar en un hospital del sur de Bogotá, denuncia que la dueña de la casa donde tiene una habitación alquilada la esperó hace unos días en la puerta y casi sin acercarse le dijo que buscara para dónde irse porque no podía correr el riesgo de contagiarse con “bichos” que trajera del sitio donde trabaja. “En el momento sentí mucha angustia porque además tuve comentarios similares de preocupación en la tienda donde compro mis cosas del diario”, expresa la profesional. En este caso, no bastó que ella insistiera en que aplicaba con rigor las normas de desinfección que se siguen en los hospitales para todos estos casos. El asunto ha ido más allá porque Rose Mary Cañas, auxiliar que cuida a una persona mayor a través de una EPS, afirma que en sus recorridos hacia su lugar de trabajo han sido repetidas las veces en las que la gente se alejó en el bus solo por su uniforme. Este maltrato y discriminación hacia los profesionales de la salud, que incluso ha sido reportado a nivel institucional, tiene en máxima alerta a los gremios que agrupan al recurso humano del sector. Ellos, además de recoger estos testimonios, también hacen eco de la falta de elementos de protección en algunas entidades y la falencia por parte de algunas administradoras de riesgos laborales que dejan de lado el principio de que el componente de atención al nuevo coronavirus se enmarca como un riesgo profesional que deben prevenir y manejar como enfermedad profesional. La Sociedad Colombiana de Pediatría manifestó en un comunicado su rechazo a todas estas discriminaciones y consideró que nada justifica dicho comportamiento, que debe ser atendido inmediatamente por autoridades como el Ministerio de Salud y el del Trabajo.


El asunto va más allá porque incluso el Colegio Médico de Bogotá y la Federación Médica Colombiana, en un comunicado conjunto, se han quejado “del maltrato y el desdén de varias instituciones” que están obligando a su personal a realizar procedimientos programados en cumplimiento de agendas rutinarias dejando de lado los ajustes que requiere una situación como esta, además de no brindarles los elementos de protección debidos. De hecho, en algunas instituciones oficiales de Bogotá continúan con la programación de consulta externa sin cambios en los horarios para los profesionales, a pesar de que los pacientes no asisten por las medidas restrictivas de movilidad. De igual forma, dicen que en un policlínico del sur de la capital se constriñe la autonomía profesional al prohibirles a dos médicos dar alarma sobre casos “que ellos consideraban con alta sospecha de covid-19 y fueron llamados individualmente para amedrentarlos por generar terrorismo entre sus compañeros”. Frente a esta situación, Luis Gabriel Bernal, director de Talento Humano en el Ministerio de Salud, manifestó que el rechazo al personal de salud en estos momentos no tiene sentido. “Los que mejor manejan las medidas de desinfección, bioseguridad y uso de los elementos de protección son todos los profesionales de este sector. Hoy como nunca tenemos el deber de acogerlos y acompañarlos”, manifestó. EL TIEMPO conoció de manera extraoficial que se discute la idea de adaptar sitios especiales de residencia para el personal de salud más expuesto al virus y además que los ministerios de Salud y del Trabajo están elaborando una circular conjunta en la que reiteran la obligación del pago oportuno y el respeto a los derechos laborales.

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