Corte emitió once órdenes al Gobierno por inseguridad de excombatientes de las Farc


La Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional al concluir que el Gobierno no ha protegido los derechos a la vida, la integridad personas y el derecho a la paz de los excombatientes que firmaron el acuerdo de paz y están en proceso de reincorporación a la vida civil.


La Corte emitió once ordenes al Gobierno para restablecer esos derechos sobre todo en lo relativo a las garantías de seguridad, teniendo en cuenta el número de excombatientes asesinados por grupos al margen de la ley.


En ese sentido, el Gobierno tiene dos meses para impulsar acciones que garanticen el sistema integral de seguridad a las excombatientes previstas en el acuerdo de paz que se firmó en el 2016 para “que se facilite la reincorporación efectiva y pronta de quienes se desmovilizaron y a sus familiares”


Para ello, debe implementar en su totalidad el Plan Estratégico de Seguridad y Protección para los excombatientes priorizándolo en 25 municipios de los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cuca, que según un informe de Naciones Unidas, son los lugares especialmente afectados por la violencia y grupos armados.


Por su parte, el Ministerio del Interior, la Alta Consejería para la Estabilización y la Agencia para la Reintegración de Normalización tendrán que articular los PDTS con los Programas Integrales de Sustitución de Desarrollo Alternativo que se han desarrollado “ejecutado asincrónicamente frente a la estrategia de seguridad”.


La Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene cuatro meses para reevaluar el riesgo que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación y quienes integral el partido Comunes.


Dentro de esa orden, la Corte estableció que se debe reevaluar los esquemas de proteccion colectiva de los antiguos espacios territoriales de capacitación y si se estima necesario contratar nuevos escoltas para suplir las necesidades de proteccion de los excombatientes.


Así mismo las autoridades estatales y gubernamentales deben evitar el uso de lenguaje discriminatorio estigmas hacia esa población.


La Corte ordenó a la Procuraduria y a la Defensoría del Pueblo vigilar el cumplimiento de la sentencia y entregar un informe actualizado a la Fiscalía y a la Unidad de investigación y Acusación de la JEP sobre las alertas tempranas respecto al riesgo de los exguerrilleros y miembros del partido Comunes para que adelantes las investigaciones por esos hechos.


Finalmente la Corte creó una Sala Especial de Seguimiento a las órdenes dadas y le dio tres meses al Gobierno y al Consejo Superior de la Judicatura para entregar el presupuesto para su funcionamiento.



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