Alarmantes cifras de violencia contra candidatos en Colombia


Desde el inicio de la campaña electoral, el 27 de julio, hasta el 16 de septiembre, el monitoreo de la Misión de Observación Electoral arroja 54 candidatos víctimas de violencia: 40 amenazados (5 de ellas mujeres), 2 secuestrados, 5 víctimas de atentados (una de ellas mujeres) y 7 asesinados (una de ellas, mujer).



Según el documento, de los 17 partidos con personería jurídica, 14 tienen candidatos víctimas de violencia (MIRA, AICO y el Polo no tienen víctimas hasta ahora). La mayoría de las víctimas pertenecen a coaliciones, y 4 de los candidatos víctimas fueron avalados mediante firmas.


La MOE considera que los mayores niveles de letalidad hasta ahora se han concentrado en Antioquia (2 asesinatos y 1 atentado contra candidatos), el norte del Cauca (2 asesinatos), Valle (1 asesinato), sur de Bolívar (1 asesinato), Catatumbo en Norte de Santander (2 atentados y 1 asesinato), Magdalena y Cundinamarca (1 atentado cada uno). En Chocó y en Nariño han secuestrado a candidatos (1 caso en cada uno).


CORRUPCIÓN, LA OTRA MANO NEGRA EN ELECCIONES

Según el Informe de la MOE la falta de reportes de financiación de campañas, la participación indebida de funcionarios públicos y los altos riesgos de trashumancia en 15 municipios son algunos de los principales factores que podrían afectar los próximos comicios.


De acuerdo con datos entregados, al 10 de septiembre del presente año tan solo 559 candidatos (el 0,47% del total de candidaturas inscritas) han reportado en Cuentas Claras algún tipo de ingreso a las campañas.


Ninguno de los partidos políticos supera reportes de más del 1% de sus candidatos.Lo que si va en aumento son las denuncias a través del aplicativo PILAS CON EL VOTO, pues se han recibido un total de 1.297 reportes sobre presuntas irregularidades electorales entre el 27 de octubre de 2018 y el 13 de septiembre de 2019, procedentes de 29 departamentos más Bogotá y 456 municipios (41% del país).


La información se ha concentrado principalmente en irregularidades referentes al comportamiento ilegal de los funcionarios públicos para favorecer una determinada candidatura, la publicidad ilegal y distintos mecanismos que terminan afectando la libertad del votante, ya sea por presiones y amenazas o por compra de votos.

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