Ahora los muertos financian campañas políticas


En Colombia, tal parece que los muertos ejercen más el poder ciudadano que los vivos: no solo votan y acceden a subsidios del Estado –como lo han evidenciado informes de diferentes organizaciones conocidos en los últimos años– sino que ahora ‘financian’ campañas políticas.


Por lo menos así lo demuestra el más reciente estudio de Transparencia por Colombia ‘Contratos y elecciones’, según el cual en las campañas para las elecciones locales de 2015 y las legislativas de 2018, al menos 20 ciudadanos que para la época ya habían fallecido aparecen relacionados como financiadores de algunos de los candidatos que participaron en los comicios.


En las elecciones de 2015 se presentaron 18 ‘muertos’ que financiaron campañas políticas, mientras que para los comicios de Congreso hubo dos fallecidos que aportaron para que su candidato pudiera lograr una curul.


Entre los candidatos financiados por fallecidos se pueden mencionar casos como el de Walter Hernando Quiñones, de Alianza Verde, alcalde de Maguí (Nariño), “quien recibió 4 millones de pesos de la señora Luz Enith Churta”.


Sin embargo, el número de cédula con el que se registra el aporte corresponde a Marta Cortés, quien falleció en 2007, ocho años antes de las elecciones.


“También se encuentra el caso del senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, quien registra un crédito recibido del señor Jorge Sair Naranjo López. Sin embargo, según la Regsitraduría, y el Sistema de Seguridad Social (ADRES) este ciudadano falleció en 2014”, indica el informe.


Otra de las inconsistencias en los registros que entregan los candidatos sobre el origen de sus recursos de campaña son los llamados financiadores anónimos, que son personas naturales o jurídicas a las que al momento de relacionar sus datos se entrega información equivocada, por lo que es difícil rastrear el origen de estos dineros.


Aportantes anónimos

Esta información errónea se manifiesta en números de cédula que no corresponden con el financiador o números de identificación inventados. Sólo en las elecciones de 2015 y 2018 se presentaron 1.056 financiadores anónimos.


Por ejemplo, en las elecciones locales de hace cuatro años se encontró que aproximadamente 2.600 millones de pesos estaban asociados a aportantes con números de identificación alterados.


Entre estos casos, hubo 81 personas que registraron números de identificación como ‘1,2,3,4’ o ‘4444444’, entre otros registros. Incluso hubo un financiador que registro su número de celular como si fuera su cédula.


“El aporte más grande de un financiador jurídico anónimo es el que reportó Eva María Uribe, candidata al senado por Cambio Radical. Según sus registros, la empresa ‘Google Inc’ le otorgó un crédito por 50 millones de pesos, sin embargo en el reporte la empresa sale con un RUT inexistente: 444444444”, señala el documento.


Del total de candidatos que recibieron aportes de financiadores anónimos, 198 resultaron elegidos a los cargos de elección popular a los que se presentaron, entre ellos hay 53 alcaldes y 96 concejales.


“Estos registros donde se encubre el nombre del financiador real con números de identificación equivocados (…) dificulta el monitoreo y control que deben adelantar la autoridad electoral y los entes de control a la relación de ingresos y gastos de las campañas”, indicó Transparencia por Colombia.


Según lo indica la resolución 3097 de 2013 del Consejo Nacional Electoral, cualquier falsedad o falta de veracidad debidamente comprobada de los datos registrados en la plataforma Cuentas Claras tiene sanciones que van desde perder el derecho a la financiación estatal hasta perder la personería jurídica de las organizaciones políticas que avalan a estos candidatos.


“La verdad es que aquí hay una responsabilidad grande desde los partidos porque en últimas ellos son los responsables de avalar un candidato y de acompañar las actividades de campaña, y una de las actividades es la financiación. Pero el candidato con su equipo también debe velar por el cumplimiento de la norma”, aseguró Sandra Martínez, coordinadora de programas de política de Transparencia por Colombia.


Topes de aportes

Para evitar que grandes financiadores a campañas puedan interferir de manera indebida en la contratación pública, el Estatuto Anticorrupción establece que quienes aporte más del 2 por ciento del tope de gastos de un candidato no pueden ser contratistas en el mismo nivel administrativo en el que dieron su aporte.


Sin embargo, el estudio de Transparencia por Colombia evidenció que, a pesar de la prohibición, 38 financiadores a alcaldías, gobernaciones y Congreso que superaron el tope recibieron contratos en estos mismos territorios.

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